En un fallo sin precedentes para la justicia colombiana, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a siete exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands a 11 años y tres meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. La decisión judicial se basa en pruebas contundentes que demostraron que, durante las décadas de 1990 y 2000, los acusados financiaron a estructuras paramilitares, en especial a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mediante pagos sistemáticos canalizados a través de asociaciones conocidas como “Convivir”, que en realidad eran fachadas de estas organizaciones armadas ilegales.
Los condenados son Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún, quienes no solo deberán cumplir una pena privativa de la libertad, sino también pagar, cada uno, una multa de $13.800 millones como forma de reparación a las víctimas. La jueza del caso, Diana Lucía Monsalve, fue enfática al señalar que financiar grupos armados ilegales no es un delito cualquiera, sino un ataque directo a la paz social, al Estado de derecho y a los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
Según la sentencia, los pagos realizados por los directivos de Chiquita Brands a las AUC ascendieron a más de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004. El modelo utilizado consistía en una aparente legalidad: se utilizaban las cooperativas de vigilancia conocidas como Convivir, controladas por jefes paramilitares como Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito”. Por cada caja de banano exportada, la empresa pagaba un tributo clandestino que servía para financiar la expansión paramilitar en Urabá y otras regiones del país, afectando gravemente a miles de campesinos, sindicalistas y líderes sociales.
La decisión judicial también lanzó una fuerte crítica al papel de la Fiscalía, calificando su actuación como “sumisa, superficial y carente de rigor”, lo que habría retrasado e incluso puesto en riesgo la judicialización de este caso. La jueza ordenó remitir copia de la sentencia al Fiscal General de la Nación, para que se investigue la aparente negligencia en el seguimiento del proceso.
Este fallo cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que en 2007, en Estados Unidos, Chiquita Brands ya había aceptado su responsabilidad y fue multada con 25 millones de dólares por las mismas conductas, aunque hasta ahora no se había dictado ninguna condena penal en Colombia. En octubre de 2024, un tribunal estadounidense también condenó civilmente a la empresa a pagar 38,3 millones de dólares a víctimas del conflicto.
Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han celebrado la sentencia como un hito histórico que establece un precedente de responsabilidad penal empresarial en contextos de conflicto armado. La defensa de los condenados anunció que apelará la decisión ante el Tribunal de Antioquia. Sin embargo, la jueza advirtió que la fecha límite para una decisión en segunda instancia será el 17 de septiembre, pues de no emitirse un fallo antes de esa fecha, los delitos prescribirían.
La condena a los exdirectivos de Chiquita Brands representa un importante paso hacia la verdad, la justicia y la reparación en Colombia. También envía un mensaje contundente a los sectores empresariales sobre las consecuencias legales de financiar la violencia, contribuyendo así a fortalecer la justicia transicional y el Estado de derecho en el país.
