Por Laura Muñoz
Periodismo y Comunicación Política
Hay un momento preciso en el que las instituciones comienzan a perder legitimidad. No es cuando toman una decisión impopular, ni siquiera cuando cometen un error grave. Es cuando el lenguaje que utilizan para dirigirse a la ciudadanía deja de tener anclaje en la realidad que esa misma gente vive. Cuando las palabras se vuelven huecas, cuando los discursos suenan a libreto ensayado sin convicción, cuando el vocabulario oficial construye una realidad paralela que nadie reconoce como propia. Ahí, en ese divorcio silencioso entre el decir y el vivir, la crisis ya empezó.
El lenguaje como ejercicio de poder
El lenguaje nunca es neutral. Cada palabra elegida, cada silencio calculado, cada eufemismo que suaviza lo brutal, es un ejercicio de poder. Quien controla el lenguaje controla, en buena medida, la interpretación de los hechos. Por eso los gobiernos, las corporaciones y las élites invierten tanto en la construcción discursiva: saben que nombrar es crear realidad, y que omitir es borrarla.
Durante décadas, hemos visto cómo el discurso político se profesionalizó hasta convertirse en una técnica aséptica, alejada de la emoción popular y más cercana a la ingeniería de percepciones. Los políticos dejaron de hablar como la gente y comenzaron a hablar sobre la gente, desde una distancia que se percibe en cada giro retórico, en cada frase hecha que suena a encuesta de opinión procesada por algoritmos.
Cuando las palabras traicionan la experiencia
La fractura se hace evidente cuando un gobierno habla de «recuperación económica» mientras las familias no llegan a fin de mes. Cuando se anuncia «seguridad fortalecida» en barrios donde el miedo sigue intacto. Cuando se celebra «diálogo democrático» mientras las voces disidentes son sistemáticamente ignoradas o deslegitimadas.
Esa brecha entre el lenguaje oficial y la experiencia cotidiana no es un problema menor de comunicación. Es un síntoma de ruptura del contrato social. Porque la confianza pública se sostiene, en gran parte, en la capacidad de las instituciones para reconocer, nombrar y validar aquello que la ciudadanía está viviendo. Cuando ese reconocimiento falla, cuando el discurso se vuelve propaganda o negación, la gente deja de creer. Y una democracia sin credibilidad es una democracia en riesgo.
Los eufemismos como estrategia de ocultamiento
Uno de los recursos más peligrosos del lenguaje del poder es el eufemismo. Llamar «reajuste de plantilla» a los despidos masivos. Hablar de «operativos de seguridad» para describir represiones. Denominar «beneficiarios» a quienes tienen derechos. Estas sutilezas lingüísticas no son inocentes: buscan neutralizar el conflicto, diluir la responsabilidad y anestesiar la indignación.
El eufemismo es una forma de censura blanda. No prohíbe hablar, pero deforma el lenguaje hasta hacerlo irreconocible. Y cuando la gente pierde las palabras para nombrar su dolor, su rabia o su deseo de cambio, también pierde la capacidad de articular resistencia. Por eso recuperar el lenguaje, insistir en llamar las cosas por su nombre, es un acto político de primera línea.
La responsabilidad del periodismo
En este escenario, el periodismo tiene una función crítica: ser el espacio donde se confronta el lenguaje oficial con la realidad verificable. No se trata solo de chequear datos, aunque eso es fundamental. Se trata de analizar cómo se construyen los discursos, qué intereses protegen, qué voces amplifican y cuáles silencian.
La lectura crítica del discurso público es una herramienta de defensa democrática. Implica preguntar no solo qué se dice, sino cómo se dice, desde dónde se dice y qué no se está diciendo. Implica develar las operaciones retóricas que naturalizan la desigualdad, que normalizan la violencia institucional, que presentan como inevitables decisiones que son profundamente políticas.
Ninguna crisis política es solo una crisis de gestión, siempre, en el fondo, es también una crisis de lenguaje. Una incapacidad estructural para escuchar, para nombrar honestamente, para construir narrativas que incluyan a quienes están siendo dejados atrás.
Recuperar el lenguaje es recuperar la democracia
La buena noticia es que el lenguaje no es propiedad exclusiva del poder. Se puede disputar, resignificar, recuperar. Cada vez que alguien insiste en nombrar con precisión una injusticia, cada vez que se niega a usar el eufemismo cómodo, cada vez que se cuestiona el relato oficial desde la experiencia vivida, se está haciendo política en su sentido más profundo.
Recuperar el lenguaje es recuperar la capacidad de imaginar otros futuros posibles. Es rechazar la resignación que viene empaquetada en frases como «no hay alternativa» o «es lo que hay». Es insistir en que las palabras importan, porque son el primer territorio de la lucha por la dignidad y los derechos humanos.
Cuando el lenguaje vuelve a representar a la gente, cuando los discursos públicos reconocen la realidad sin edulcorarla, cuando las instituciones hablan con honestidad, aunque eso las incomode, ahí comienza la reconstrucción de la confianza. Ahí empieza, también, la posibilidad de una democracia real.
