Cuando el miedo gobierna: ¿seguridad o cuidado de la vida para Colombia?
Por Zheng Gong
El miedo ha vuelto a ocupar un lugar central en la conversación pública colombiana. No como una emoción pasajera, sino como un marco a partir del cual se interpreta la realidad y se formulan respuestas políticas. Se alimenta de la persistencia de la violencia, del control armado en distintos territorios y de la fragilidad cotidiana que experimentan comunidades enteras. En ese contexto, el miedo no solo refleja un problema sino que empieza a definir la forma en que se lo nombra y se lo enfrenta.
Cuando el miedo se convierte en principio ordenador del debate público, la política tiende a estrecharse. Se reducen los matices y se simplifican los diagnósticos. Se privilegian respuestas que prometen control inmediato sobre aquellas que exigen comprensión y tiempo. No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de Colombia. La sociología ha mostrado que, en escenarios de incertidumbre prolongada, las sociedades suelen inclinarse por soluciones que ofrecen orden visible, aun cuando sus efectos estructurales sean débiles o transitorios.
Este desplazamiento tiene consecuencias importantes. Confundir seguridad con endurecimiento, y autoridad con castigo, empobrece la discusión democrática. La promesa de orden rápido suele desplazar preguntas más incómodas sobre desigualdad, exclusión y responsabilidad estatal. No se trata de una renuncia explícita a los derechos, sino de una jerarquización silenciosa en la que la coerción gana centralidad y el cuidado pierde legitimidad política.
En Colombia, esta lógica ha reaparecido en distintos momentos históricos. Cada recrudecimiento de la violencia reactiva narrativas que ofrecen respuestas simples a problemas complejos, apelando a divisiones binarias y a un lenguaje de confrontación. Estas narrativas resultan atractivas porque reducen la incertidumbre y ofrecen certezas claras. Su límite es que tienden a ignorar las condiciones sociales y territoriales que hacen posible la violencia que dicen combatir.
El miedo, además, no se experimenta de manera uniforme. En los centros urbanos suele expresarse como percepción de inseguridad; en amplias zonas rurales y periféricas, constituye una experiencia cotidiana ligada al control armado, la presencia intermitente del Estado y economías ilegales persistentes. Comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes viven esta realidad de forma directa, aun cuando el debate nacional se formule desde espacios distantes de esos territorios.
Este desajuste es importante porque muchas decisiones tomadas en nombre de la seguridad responden a lecturas urbanas del miedo, mientras sus consecuencias recaen de manera desproporcionada sobre las periferias. En ese tránsito, la política tiende a privilegiar la exhibición de autoridad por encima de la construcción de legitimidad, y el control por encima del cuidado.
Aquí se abre una disyuntiva central. Ante el miedo, una sociedad puede reaccionar o puede responder. Reaccionar implica actuar desde la urgencia, reducir el debate y reforzar mecanismos punitivos. Responder supone reconocer la complejidad del problema, aceptar que no existen soluciones inmediatas y asumir que la seguridad duradera no se construye exclusivamente desde la fuerza.
Desde una perspectiva inspirada en el pensamiento budista, esta diferencia es crucial. La acción nacida de la reactividad suele reproducir aquello que intenta neutralizar. La violencia respondida únicamente con violencia, el desorden respondido con exclusión y la amenaza respondida con endurecimiento generan ciclos que se refuerzan a sí mismos. La claridad, en cambio, no niega el conflicto, pero evita que el miedo se convierta en el criterio rector de la acción colectiva.
Pensar la seguridad desde el cuidado de la vida no implica ingenuidad ni negación de los riesgos reales. Implica reconocer que la seguridad no se agota en el control armado. Se construye también desde el acceso efectivo a derechos, la presencia estatal legítima, la justicia territorial y las oportunidades para quienes han vivido históricamente marginados. Allí donde estas condiciones faltan, la coerción puede producir obediencia momentánea, pero difícilmente genera estabilidad.
La experiencia comparada muestra que las políticas centradas exclusivamente en el castigo suelen ofrecer resultados rápidos y frágiles, mientras que aquellas que fortalecen el tejido social y la cohesión comunitaria producen transformaciones más sostenibles. En Colombia, distintas iniciativas locales han evidenciado que invertir en cultura ciudadana, prevención y sistemas de cuidado no debilita la seguridad, sino que la hace más legítima y duradera.
El riesgo de fondo no es solo la persistencia de la violencia, sino la normalización de una política guiada por el miedo. Porque cuando el temor justifica cualquier decisión, el debate se empobrece y la democracia se vuelve más vulnerable a soluciones que prometen orden a costa del pluralismo y del cuidado de la vida.
A las puertas de un nuevo ciclo electoral, la pregunta decisiva no es únicamente quién gobernará Colombia, sino desde qué marco se ejercerá el poder. Si desde el miedo que ofrece certezas excluyentes, o desde una política que, sin ingenuidad, asuma que la seguridad no se impone; se construye. El desafío no es erradicar el miedo, sino impedir que sea él quien gobierne.
Zheng Gong es sociólogo y doctor en Educación. Ha trabajado en el análisis y diseño de políticas públicas con enfoque territorial, comunitario y de derechos, así como en procesos de formación en cuidado, convivencia y transformación social. Es maestro budista, con formación en tradiciones contemplativas, e integra su experiencia académica y espiritual en una reflexión ética sobre la vida pública, la democracia y el cuidado de la vida.
