Redacción Ambiente
Comunidades y organizaciones de México, Colombia, Chile, Brasil y Argentina realizan una semana de acciones simultáneas para exigir que se frene la fracturación hidráulica. La jornada llega en un momento decisivo: Colombia anunció el regreso de la técnica, México evalúa sus primeros pilotos a gran escala y en Brasil un alto tribunal retoma el 14 de octubre el juicio que definirá su futuro.
Del sábado 10 al sábado 17 de octubre, comunidades, colectivos y organizaciones ambientales de México, Colombia, Chile, Brasil y Argentina llevan a cabo la Jornada Continental Contra el Fracking, una movilización descentralizada que busca visibilizar los impactos de la fracturación hidráulica y presionar a los gobiernos para que detengan su expansión en la región. La semana incluye el 11 de octubre, fecha en la que desde hace más de una década se conmemora el Día Internacional contra el Fracking.
La convocatoria combina marchas, foros barriales, ollas comunitarias, murales, conciertos, talleres de bordado colectivo y acciones en redes sociales bajo las etiquetas #SíALaVidaNoAlFracking y #FrackingEsColonialismo.
Entre las organizaciones convocantes están la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Alianza Colombia Libre de Fracking, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, CENSAT Agua Viva y 350 América Latina.
Qué es el fracking y por qué se cuestiona
El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica para extraer petróleo y gas de yacimientos no convencionales. Consiste en perforar un pozo vertical que luego se curva en sentido horizontal y en inyectar a alta presión grandes volúmenes de agua, arena y aditivos químicos para fracturar la roca y liberar los hidrocarburos atrapados en ella.
Las organizaciones que impulsan la jornada advierten que esta práctica puede contaminar acuíferos y fuentes superficiales, consume enormes cantidades de agua, genera residuos tóxicos, puede provocar sismicidad inducida y aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de metano.
También señalan que el fracking compite directamente con el uso doméstico del agua y puede afectar derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la vivienda adecuada y el acceso a un ambiente sano.
Una región con miles de pozos
Cuando llevó el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2018, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking estimó que la región tenía cerca de 5.000 pozos de fracking. Más de 3.350 estaban en México y alrededor de 2.000 en Argentina, mientras que Chile tenía 182 pozos aprobados, la mayoría en Tierra del Fuego, según los convocantes.
Desde entonces, la actividad se ha intensificado, sobre todo en Argentina. El fracking se desarrolla allí desde 2013 y tiene su principal escenario en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. En junio de 2026, Neuquén marcó récords históricos de producción de petróleo (más de 648.000 barriles diarios) y de gas, lo que llevó la producción nacional de crudo por encima de los 903.000 barriles diarios. El shale ya representa cerca del 70 % del petróleo que produce el país. Los organizadores advierten sobre riesgos para las cuencas hídricas, la gestión de residuos y la aparición de sismos en zonas que antes eran sísmicamente tranquilas.
México: el giro de Sheinbaum
En México, el debate cambió de tono este año. El 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum, que en campaña se había comprometido a no permitir el fracking, anunció que su Gobierno evaluaría la explotación de gas no convencional con tecnologías de menor impacto ambiental. El argumento es la soberanía energética: cerca del 75 % del gas que consume el país se importa de Estados Unidos. Una semana después, informó que investigadores de cuatro universidades y dos institutos revisarían en qué condiciones sería viable.
Según reportes de agosto, el Gobierno ya evalúa zonas del norte del país, como la cuenca de Burgos en Tamaulipas, para arrancar pruebas piloto. Para la Alianza Mexicana contra el Fracking, que reúne a más de 40 organizaciones, no existe un fracking sustentable. Los convocantes recuerdan además que una iniciativa de prohibición constitucional presentada en octubre de 2025 sigue sin debatirse en el Congreso.
Colombia: el regreso de un debate sensible
En Colombia, la movilización coincide con un giro político hacia la reactivación de la exploración y producción de hidrocarburos. El presidente Abelardo de la Espriella, posesionado el 7 de agosto, anunció el 25 de septiembre que su Gobierno reabrirá por completo la exploración y la firma de nuevos contratos, incluido el fracking, y llamó a dejar atrás lo que describió como “histeria ambiental”. El anuncio se hizo durante la posesión del nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez.
El foco está en Puerto Wilches, Santander, una zona del Magdalena Medio caracterizada por humedales, ciénagas y una alta dependencia del agua. Allí se proyectaron los pilotos de investigación Kalé y Platero, de Ecopetrol y ExxonMobil, que quedaron suspendidos desde 2022 durante el gobierno de Gustavo Petro y nunca llegaron a la fase de perforación. Analistas señalan que la licencia ambiental de Kalé sigue vigente, pero que su reactivación no sería automática y deberá sortear restricciones regulatorias y judiciales.
Antes de dejar el poder, el gobierno de Petro radicó el 20 de julio un nuevo proyecto de ley para prohibir el fracking, que ahora está en manos del Congreso 2026-2030. El conflicto enfrenta a quienes defienden la inversión, el empleo y la seguridad energética con quienes advierten riesgos ambientales y sociales para comunidades campesinas, pesqueras, afrodescendientes e indígenas. No es casual que en Puerto Wilches y Barrancabermeja ganara en la segunda vuelta Iván Cepeda, abiertamente opuesto a la técnica.
Para los organizadores colombianos, la semana de acción busca evitar que el país avance hacia una explotación masiva de gas y petróleo no convencional sin consulta previa ni una evaluación social y ambiental suficiente.
Brasil: una decisión judicial puede marcar el rumbo
En Brasil, la jornada coincide con un momento clave: el 14 de octubre, la Primera Sección del Superior Tribunal de Justicia (STJ) retomará el juicio que definirá si el fracking puede usarse para explotar petróleo y gas no convencionales en el país y, de ser así, bajo qué condiciones. El caso comenzó a juzgarse el 9 de septiembre, pero el relator, el magistrado Afrânio Vilela, pidió tiempo para complementar su voto.
La disputa nació de una licitación de 2013 de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) que incluyó bloques con potencial no convencional en la cuenca del Paraná, al oeste de São Paulo, y que el Ministerio Público Federal demandó al año siguiente. La decisión fijará un precedente obligatorio para todo el país. Mientras Petrobras sostiene que ha realizado más de 13.000 operaciones de fracturación hidráulica desde 1961 sin daños ambientales directos, el Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama) aprobó el 6 de octubre una moción en la que pide al tribunal cautela y la aplicación del principio de precaución.
Las organizaciones advierten que una eventual autorización podría afectar áreas ambientalmente sensibles y territorios de comunidades tradicionales y pueblos indígenas. Impulsadas por la coalición No Fracking Brasil, varias asambleas estatales y cientos de municipios ya han aprobado leyes que restringen o prohíben la técnica.
Derechos humanos y consulta previa
La disputa no es solo ambiental. En 2018, 126 organizaciones de 11 países llevaron el tema ante la CIDH, donde denunciaron falta de información, participación, consulta y consentimiento previo de las comunidades afectadas por proyectos de fracking, así como la criminalización de la protesta social. En marzo de 2026, organizaciones de la región volvieron ante la Comisión para pedir lineamientos que obliguen a los Estados a respetar los derechos humanos durante todo el ciclo de vida de los proyectos fósiles, incluido su cierre.
Las organizaciones también subrayan que las mujeres enfrentan impactos desproporcionados, en parte por los roles de cuidado que socialmente se les asignan: la contaminación o la escasez de agua afectan de manera directa el trabajo doméstico, la alimentación y la salud familiar.
La otra cara: energía, empleo e inversión
Los defensores del fracking sostienen que la explotación de gas y petróleo no convencional puede fortalecer la autosuficiencia energética, atraer inversión, generar empleo y aumentar las exportaciones. Argentina suele presentarse como el principal ejemplo regional: Vaca Muerta se acerca a llevar al país al millón de barriles diarios y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, previsto para finales de 2026, apunta a multiplicar las exportaciones. En Colombia, el nuevo Gobierno ve en los hidrocarburos una fuente de recursos frescos para cerrar la brecha fiscal, y en México el argumento central es reducir la dependencia del gas estadounidense.
Sin embargo, los críticos rechazan que el fracking se presente como parte de la transición energética. Aseguran que, lejos de reducir la dependencia fósil, consolida infraestructura y economías atadas al petróleo y al gas durante décadas, justo cuando la región enfrenta efectos cada vez más severos del cambio climático.
Una semana de resistencia regional
La Jornada Continental Contra el Fracking no pretende ser una protesta única ni centralizada, sino una red de acciones locales unidas por una misma demanda: no avanzar con la fracturación hidráulica en América Latina.
Para las organizaciones convocantes, el debate de fondo no es solo técnico ni económico. Es una discusión sobre qué modelo de desarrollo quieren los países de la región: uno basado en la expansión de los combustibles fósiles u otro orientado a las energías renovables, la soberanía hídrica y la protección de los territorios.
