Cuando la fe incomoda: la persecución silenciosa contra la libertad religiosa en Colombia

Por Rab. Dr. Richard Gamboa Ben-Eleazar

En Colombia, la libertad religiosa se ha convertido en una paradoja. Aunque la Constitución la protege, en la práctica, quienes defienden su fe y ejercen su derecho a la espiritualidad se enfrentan a campañas de difamación, hostigamiento y ataques sistemáticos. Lo he vivido en carne propia: en noviembre de 2024, la plataforma neonazi de desinformación «Impacto 24/7» intentó desacreditarme con acusaciones infundadas, desde falsificar mi identidad religiosa hasta ligarme con organizaciones terroristas. Es el guion de siempre: mentiras repetidas hasta el cansancio con el objetivo de anular la credibilidad del adversario.

Pero mi caso es solo uno entre muchos. Desde que asumí la Secretaría General del Cabildo Interreligioso de Colombia en 2015, he sido testigo del mismo libreto aplicado contra líderes de diversas confesiones. ¿El delito? No encajar en el molde de las élites religiosas que se proclaman «oficiales» y «auténticas». En su arrogancia, estas élites buscan silenciar y eliminar cualquier disidencia espiritual mediante la más vieja y efectiva de las estrategias: la calumnia.

Los métodos varían, pero el objetivo es el mismo. En algunos casos, la persecución es brutal: pastores y feligreses de la Iglesia Cristiana Evangélica Nasa fueron víctimas de un genocidio en el Cauca sin que la justicia haya hecho nada. En otros, las agresiones son más sutiles, como el acoso constante al sacerdote siro-ortodoxo Michael Cuevas en Bogotá o el intento de asesinato contra el obispo católico guadalupano Mauricio Cogua en Fómeque.

Sin embargo, la estrategia más común es el asesinato moral, basado en la táctica de Goebbels: una mentira repetida mil veces se convierte en «verdad». Así, hemos visto a medios y periodistas prestarse para campañas de desprestigio contra figuras religiosas: Blu Radio atacando al obispo Edwin Avendaño, quien tuvo que recurrir a la justicia para limpiar su nombre; La FM difundiendo una falsa acusación de abuso contra el sacerdote salesiano Gustavo García-García sin la más mínima verificación; senadores usando su influencia para perseguir públicamente a la Iglesia de Scientology, y columnistas sin nombre en los periódicos atacando a la Iglesia de Unificación. Ni los líderes espirituales indígenas se salvan de la cacería, con congresistas «cristianos» que los señalan de «brujos» y «hechiceros» como si estuviéramos en la época de la Inquisición.

¿Y qué hace el Estado? Poco o nada. La lentitud de la justicia, la ignorancia de los funcionarios sobre derechos religiosos y la falta de voluntad política solo refuerzan el mensaje de que la intolerancia religiosa en Colombia tiene vía libre. Y lo más grave: los agresores se escudan en la misma libertad religiosa y en la libertad de expresión para justificar sus ataques.

No podemos permitir que la libertad religiosa se convierta en un crimen castigado con calumnias. Es hora de denunciar, de exigir justicia y de evitar que en Colombia se siga persiguiendo a quienes simplemente deciden vivir su fe de manera diferente. Porque si permitimos que nos quiten este derecho, ¿qué sigue? ¿Qué otra libertad perderemos después?