El presidente Gustavo Petro y su gabinete se reunieron con líderes sociales, campesinos e indígenas en el municipio de Tibú, Norte de Santander, para oficializar la firma del Pacto Social por el Catatumbo, una estrategia que busca fortalecer el desarrollo de la región a través de seis ejes principales: educación, salud, infraestructura, economía, ordenamiento territorial y paz.
Un compromiso con la transformación territorial
El acuerdo, que involucra a más de 30 entidades gubernamentales, alcaldías, gobernaciones y organizaciones sociales, busca atender las necesidades históricas de una zona marcada por el conflicto y la presencia de economías ilícitas. Durante el evento, el mandatario enfatizó que este pacto es una apuesta para mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar la presencia integral del Estado.
“Esta es una oportunidad para cambiar la historia del Catatumbo con acciones concretas que respondan a las necesidades de las comunidades”, señaló el presidente ante los asistentes.
Respaldos y expectativas de la comunidad
Diversos sectores manifestaron su respaldo al acuerdo, destacando su importancia como una herramienta para el desarrollo y la construcción de paz. Líderes de organizaciones campesinas, comunitarias e indígenas coincidieron en que el pacto representa una oportunidad para generar estabilidad en la región.
Geinner García, vocero del Comité de Integración Social del Catatumbo, aseguró que el acuerdo es un reflejo del trabajo colectivo. “Esta no es una propuesta improvisada, sino el resultado de años de diálogo entre las comunidades y el Gobierno”, indicó.
Por su parte, representantes del pueblo Barí expresaron la necesidad de garantizar la participación activa de las comunidades en la implementación de los proyectos. “Queremos que se respete nuestra autonomía y que las decisiones se tomen con nosotros”, señalaron.
Ejes de acción y recursos destinados
El pacto contempla la ejecución de proyectos de infraestructura vial, mejoramiento de la red hospitalaria, acceso a educación de calidad y promoción de economías sostenibles. Además, se destinarán recursos para fortalecer la seguridad y la protección de líderes sociales y firmantes de paz en la región.
Según cifras oficiales, la inversión asciende a $6,8 billones y se ejecutará en varias fases, con el acompañamiento de entidades del Estado y organismos de cooperación internacional.
Un reto para la implementación
Aunque el pacto ha sido recibido con optimismo, persisten desafíos en su ejecución. La presencia de grupos armados, las dificultades logísticas y la necesidad de articular esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno serán factores clave para su éxito.
El Gobierno ha reiterado su compromiso de garantizar que las acciones acordadas se materialicen, asegurando que este plan no se quede en el papel. “El reto ahora es convertir estas propuestas en realidades que beneficien a la gente del Catatumbo”, concluyó el presidente.
La implementación de este acuerdo será un termómetro de la capacidad del Estado para responder a las demandas de las comunidades y consolidar una estrategia de desarrollo que contribuya a la estabilidad en esta región del país.
