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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó una acción de tutela con el objetivo de impedir la sustracción de más de 1.000 hectáreas de reserva forestal en el departamento de Guainía, donde un resguardo indígena busca adelantar un proyecto de explotación de oro. La iniciativa ha generado controversia, ya que se basa en un decreto del mismo ministerio que otorga competencias ambientales a los territorios indígenas.
Protección de la Amazonía: un asunto constitucional
La saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que la tutela radicada busca proteger la Amazonía, reconocida como sujeto de especial protección constitucional. Según explicó, el resguardo indígena de Chorrobocón habría incurrido en una extralimitación de funciones al autorizar la sustracción de una reserva forestal para la minería de oro en el río Guainía.
«El Ministerio de Ambiente ha radicado la tutela que pide protección de la Amazonía como sujeto de especial protección constitucional, accionando al resguardo indígena de Chorrobocón, que presuntamente se extralimitó en sus funciones de autoridad ambiental indígena al emitir un acto de sustracción de reserva de ley segunda para minería de oro en el río Guainía, competencia legal exclusiva del ministerio, quien ya había negado dicha sustracción», explicó Muhamad.
Un conflicto de competencias
El caso pone en el centro del debate el Decreto 1232 de 2023, que reconoce a los territorios indígenas como autoridades ambientales dentro de sus resguardos. Mientras que los líderes indígenas defienden su derecho a la autodeterminación y gestión de sus territorios, el Ministerio de Ambiente argumenta que la explotación minera no puede realizarse a costa de la degradación de la Amazonía, uno de los ecosistemas más frágiles y estratégicos del país.
La decisión de MinAmbiente de presentar la tutela responde a la preocupación por los impactos ambientales que podría generar la extracción de oro en esta región, incluyendo la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas con mercurio y la afectación de comunidades locales y biodiversidad.
Reacciones y posibles implicaciones
El caso ha generado diversas reacciones. Organizaciones ambientalistas han respaldado la acción del ministerio, argumentando que la Amazonía debe ser protegida de la minería y otras actividades extractivas que ponen en riesgo su equilibrio ecológico. Por su parte, algunas comunidades indígenas han señalado que la medida desconoce su derecho a administrar sus territorios y a desarrollar proyectos que consideran estratégicos para su desarrollo económico.
La controversia también ha puesto en la mira el marco normativo que regula la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y la autonomía de estas comunidades en la gestión ambiental. Se espera que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado se pronuncien sobre el caso y sienten un precedente sobre el alcance de las competencias ambientales indígenas frente a la legislación nacional.
En los próximos días se conocerán las primeras decisiones judiciales sobre la tutela, mientras el debate sigue abierto sobre cómo equilibrar el desarrollo económico de las comunidades indígenas con la protección de la Amazonía como patrimonio ambiental de Colombia y el mundo.
