La Procuraduría General de la Nación advirtió que más de la mitad de las entidades territoriales del país no apropió recursos específicos para prevenir y erradicar el trabajo infantil durante la vigencia 2026. La alerta se produce en medio de cifras que evidencian la gravedad del fenómeno: cerca de 850.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil ampliado en Colombia.
La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta nacional por las debilidades institucionales que persisten en los territorios para enfrentar el trabajo infantil. Según el Ministerio Público, el 52 % de las entidades territoriales del país no destinó recursos específicos durante 2026 para atender esta problemática, una situación que compromete la capacidad de prevención, identificación y protección de niños, niñas y adolescentes en riesgo.
El llamado se dio en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, conmemorado cada 12 de junio, fecha que recuerda que la educación, el juego, la protección y el desarrollo integral son derechos fundamentales de la niñez.
De acuerdo con el seguimiento preventivo realizado por la Procuraduría a los 1.103 municipios y los 32 departamentos del país, el panorama es preocupante: además de la falta de recursos, el 71 % de las entidades territoriales no cuenta con diagnósticos actualizados sobre trabajo infantil. Esto significa que buena parte de los gobiernos locales no solo carece de presupuesto, sino también de información suficiente para identificar la magnitud del problema en sus comunidades.
Una crisis silenciosa que afecta a miles de menores
La ausencia de inversión pública contrasta con las cifras nacionales. Según datos recientes del DANE citados por la Procuraduría, durante el último trimestre de 2025, 302.000 niños, niñas y adolescentes participaron en actividades laborales en Colombia, lo que representa una tasa nacional de trabajo infantil del 2,8 %.
La situación es aún más grave cuando se incluye el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado realizado durante 15 horas o más a la semana. Bajo esta medición ampliada, cerca de 850.000 menores de edad se encuentran en situación de trabajo infantil ampliado.
Esta realidad evidencia que el trabajo infantil no ocurre únicamente en calles, plazas de mercado, campos o actividades económicas visibles. También permanece oculto dentro de los hogares, especialmente cuando las tareas domésticas excesivas afectan la asistencia escolar, el descanso, la recreación y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Pobreza, deserción escolar y ausencia institucional
La Procuraduría señaló que las principales causas asociadas a la persistencia del trabajo infantil en los territorios están relacionadas con la pobreza, la insuficiencia de ingresos familiares y la deserción escolar.
Sin diagnósticos actualizados ni recursos específicos, las administraciones locales tienen menos herramientas para identificar a los menores afectados, activar rutas de atención, fortalecer programas de permanencia escolar y acompañar a las familias en condición de vulnerabilidad.
La desfinanciación de estas estrategias no solo debilita la respuesta institucional, sino que puede profundizar ciclos de pobreza, exclusión y abandono escolar. En la práctica, cuando un municipio no asigna presupuesto para enfrentar el trabajo infantil, reduce su capacidad de intervenir oportunamente y deja a miles de menores expuestos a escenarios de explotación, informalidad y vulneración de derechos.
El llamado a alcaldes y gobernadores
El Ministerio Público reiteró que la prevención y erradicación del trabajo infantil no es una tarea opcional para las administraciones locales. Se trata de una obligación legal, constitucional y ética que exige acciones concretas, presupuesto verificable y articulación entre alcaldías, gobernaciones, instituciones educativas, autoridades de protección y organizaciones sociales.
Entre las acciones prioritarias se encuentran el fortalecimiento de los comités territoriales de erradicación del trabajo infantil, la actualización de diagnósticos locales, la búsqueda activa de menores desescolarizados, la activación de rutas de protección y la creación de redes de apoyo para familias en condición de vulnerabilidad.
La Procuraduría anunció que continuará ejerciendo vigilancia preventiva para impulsar respuestas institucionales oportunas y efectivas. El reto, sin embargo, está ahora en los territorios: pasar del discurso de protección de la niñez a decisiones presupuestales reales.
En un país donde cientos de miles de niños, niñas y adolescentes siguen expuestos al trabajo infantil o a cargas domésticas excesivas, la falta de presupuesto no es un simple vacío administrativo. Es una señal de alarma sobre las prioridades públicas y sobre la urgencia de garantizar que la niñez esté en las aulas, en espacios seguros y en condiciones dignas para crecer.
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