Participación política de las mujeres en Colombia

IPor: Carolina Corcho Mejía, Lidoska Peralta Prieto, Gloria Florez Schneider.                                                               [1]

1. Introducción

El presente documento se elabora como un aporte al lanzamiento de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina[2], evento realizado en Colombia en el que confluyen diversas mujeres de la vida política progresista de la región y de los distintos movimientos sociales. El centro de nuestra reflexión consiste en problematizar la relación entre el sistema económico occidental y el feminismo (en tanto movimiento social y teoría crítica contemporánea), rescatando la mirada crítica y anti sistémica de un movimiento que impacta e increpa a la cultura dominante; que la compromete en general y que históricamente se ha caracterizado por su intencionalidad interpelativa. Nuestra intención es exponer esta discusión y que de estos planteamientos se contemplen políticas públicas materializables que cambien la vida de millones de mujeres, hombres, niños y niñas en Colombia y en la región latinoamericana, y se logren las transformaciones culturales, económicas y políticas que demandan la igualdad y la inclusión en el contexto de un programa de transición democrática. La discusión es relevante porque, además, el evento se realiza en el marco del debate electoral que actualmente vive Colombia que culminará con la elección de un nuevo congreso y de un nuevo presidente de la República.

Para el desarrollo de este documento se apeló de manera sucinta a algunos de los debates que afronta el feminismo en la actualidad y se recurre a conceptos que consideramos ayudan a clarificar el accionar político en este campo. Se abordarán dos de los muchos temas que atañen a la discusión pública de las mujeres, como lo son las condiciones socioeconómicas, la participación política y la violencia en el marco de tales actividades. Para ello, se recurrió a datos de diferentes estudios recientemente publicados[3] en el país que dan cuenta de estas situaciones en donde se delinean propuestas concretas a nivel de reformas estructurales y transformaciones culturales que se requieren para hacer posible la inclusión y la paridad en los cargos de elección popular plural.

Este escrito no tiene el objetivo de responder a una pretensión académica, no tiene el alcance de recoger todo el estado del arte de los aportes que se han hecho en el país en esta materia: lo asumimos como un aporte al debate público abordando solo algunas aristas, las expresamente señaladas en el índice del documento. Nos convoca a este ejercicio la amenaza que existe de la degradación y deterioro del debate público en el actual contexto electoral colombiano que, como en América Latina, se ha venido imponiendo la difamación, la mentira, la superficialidad y la instrumentalización de los discursos del cambio. Todo esto en menoscabo de un debate programático profundo y sereno alrededor de los problemas de los ciudadanos, en esta ocasión, respecto de los problemas de las mujeres.

2. Algunas coordenadas del debate de los feminismos

Parte de la discusión que libra en la actualidad el movimiento de mujeres tiene que ver con cómo se logra un equilibrio entre las luchas por el reconocimiento de la diferenciación de género, sexual e identitaria, con las luchas por la redistribución y el reconocimiento del trabajo del cuidado y de la reproducción social. En este aspecto, que es parte de la estructura misma de la sociedad capitalista, emergen problemas como la diferencia salarial que afecta a las mujeres trabajadoras con respecto a la remuneración de los hombres por trabajos iguales así como la existencia de una doble jornada laboral que recae principalmente sobre las mujeres; todo ello requiere por una parte de transformaciones estructurales como es el reconocimiento y la valoración del trabajo del cuidado, pero también reformas dentro del mismo sistema que propugnen, por  ejemplo, en igualdad salarial por trabajos iguales para lo cual basta con políticas públicas que así lo estipulen.

Pero, por otra parte, surgen un conjunto de reivindicaciones que están relacionadas con la valoración cultural ligada a la identidad de grupo en donde se reivindican las diferencias de sexo, género, raza, etnia, las discriminaciones de las que son sujetos estas colectividades y las transformaciones culturales que implica la superación de estas, como, por ejemplo, la invisibilización de las que son objeto las personas afrodescendientes. A continuación, expondremos en qué consisten estas dos apuestas, cuál es la tensión que existe entre ellas y, finalmente, presentaremos nuestra propuesta.

La apuesta por la justicia social ha caracterizado el movimiento feminista desde sus inicios. En la actualidad se expresa de manera explícita, fehaciente y contundente en el llamado feminismo para el 99 %. Desde esta orilla se plantea una profunda crítica al sistema económico vigente en la actualidad y que encuentra su máxima expresión en las políticas neoliberales. La precarización de los derechos laborales, la violencia de género, la regulación de la sexualidad, la violencia racista y colonial, la destrucción de la tierra y el medio ambiente a manos del capital y la coacción del Estado por el mercado son el objeto de combate. Se trata de un feminismo que responde a una crisis fundamental del ordenamiento económico, la cual se expresa en la devastación del medio ambiente, las grandes filas de migrantes recorriendo territorios extensos en América y Europa, en el fortalecimiento del racismo y la xenofobia y en el desmonte de derechos, tanto políticos como sociales. Esta apuesta le apunta a una transformación radical de la sociedad y de profundo alcance.

Porque se rehúsa a sacrificar el bienestar de las muchas por la libertad y la seguridad de unas pocas, defiende las necesidades y los derechos de la vasta mayoría: de las mujeres pobres y de clase trabajadora, de las mujeres migrantes y racializadas, de lxs queer y trans, de las mujeres discapacitadas, de las mujeres a las que se alienta a considerarse a sí mismas como “clase media” aun cuando son explotadas por el capital. Pero eso no es todo. Este feminismo no se limita tampoco a “cuestiones de mujeres”, a diferencia de lo que sugería la definición tradicional del feminismo. Al alzar la voz por todxs aquellxs que son explotadxs, dominadxs y oprimidxs, aspira a convertirse en una fuente de esperanza para toda la humanidad. Es por eso que lo llamamos un feminismo para el 99%.[4]

Desde la otra orilla, el problema no es atacado de raíz sino reformado en su apariencia. Sus propuestas buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres sin alterar de manera drástica al sistema. Esta propuesta se enfoca en la vida pública de las mujeres y en las políticas de representación como parte de sistemas de subjetivación que fragmentan horizontalmente al mismo tiempo que dejan la línea vertical del poder intacta. Es crítica de la discriminación y aboga por el individualismo, expresado en la libertad de elección. Su objetivo es la meritocracia e interferir el estrato profesional y gerencial, rompiendo “el techo de cristal” que les impide, a un grupo minoritario de mujeres, alcanzar las posiciones más altas en las jerarquías políticas, corporativas y militares, por ejemplo. La igualdad es entonces concebida desde las dinámicas del mercado, encajando con la fogosidad con la que se aboga por la diversidad en la cultura empresarial y en las diferentes esferas de la sociedad neoliberal. Esta es la concepción que remarcan los proyectos políticos que se inscriben dentro del neoliberalismo progresista.

Las tensiones entre estas propuestas puede ocasionar incoherencias programáticas en las apuestas de cambio, dado que la lucha en términos de clases implica diluir las diferencias identitarias, y cuando se apela solo a la visión del grupo identitario, como por ejemplo la población LGBTI u otra, se diluye el hecho que si bien algunas personas con esta identidad u otra pueden ser sujetos de discriminación sexual, algunos se ubican en las altas esferas económicas de la sociedad, con mejores condiciones socioeconómicas que quienes no teniendo esta identidad se encuentran en los quintiles de mayor pobreza societal. Luego no es fácil la discusión, pero creemos que, si esta se aborda de una manera empírica y objetiva, conforme a la necesidad de construir políticas públicas y transformaciones en el campo cultural, económico y social, puede ser más abordable para los escenarios políticos de incidencia y de cambio.

A nuestro juicio, un proyecto político democrático debe buscar conciliar estas dos formas de lucha en donde se hace necesaria la búsqueda tanto de una transformación cultural en términos del reconocimiento de la discriminación y el reconocimiento de las diferencias identitarias, así como las transformaciones socioeconómicas de la sociedad y del Estado. En este contexto, tanto el género como la etnia/raza tienen una doble condición, la de responder a una estructura económica con características de clase y a la vez a una valoración cultural diferenciada, reflejo de los procesos de subjetivación que se dan a nivel discursivo, incluyendo configuraciones lingüísticas y representaciones culturales, sobre los cuales también están basados los sistemas de opresión. Esta última es notoria en tanto existe un androcentrismo, entendido éste como una construcción legitimada de normas que privilegian la masculinidad, al lado de esto se instala un sexismo cultural que genera un desprecio por lo “femenino”, esta devaluación se vuelve cotidiana en prácticas como el acoso, la explotación sexual, la violencia doméstica y un conjunto de actitudes discriminadoras que derivan en exclusión de escenarios deliberativos y de debate público para el logro de los derechos fundamentales[5]. Claramente las soluciones para superar este tipo de situaciones no pasan sólo por soluciones de economía política redistributivas, sino que reclaman también un nuevo sentido común que dé paso a una transformación cultural en las relaciones cotidianas. Consideramos oportuno concebir “identidad” y “diferencia” como términos relacionales, como procesos colectivos que nos permiten definir conflictos sociales en la medida que generan espacios materiales y culturales que los visibilizan y delatan a la vez que fracturan la pretendida universalidad de una sociedad igual para todas/todos/todes.

Es entonces perentorio reconocer que las luchas por el reconocimiento son económicas, políticas y culturales a la vez. Es pertinente concebir a la categoría de clase social como una categoría político-económica e incorporarle su significado de subjetivación. En el momento en que se organiza, la “clase” se convierte en un sujeto político con capacidades plenas de proponer programas políticos e institucionales como partidos políticos, sindicatos y movimientos. En el proceso de organizarse y construir propuestas, las personas nos reconocemos y nos incorporamos, con nuestros cuerpos y nuestros imaginarios y sin esa lucha, las categorías sociales como “clase”, dejan de existir en términos políticos y las mujeres trabajadoras, empobrecidas y explotadas se disocian en una sociedad que no reconoce su “diferencia”, esa, la de pertenecer al grupo de elementos productivos de un sistema que los empobrece. La emergencia del feminismo afroamericano, chicano, indígena, decolonial, trans, todo lo cual arroja también la categoría de “feminismo blanco”, es un síntoma indicativo de la pluralidad, ambigüedad y contradictoriedad del sujeto del feminismo. Un primer registro de estos feminismos es sin duda la visibilización de la cadena de subordinaciones expresada justamente a través del concepto de “interseccionalidad”, que deja ver cadenas de opresiones, de sujeciones y privilegios entre las mujeres por su condición de clase, raza, etnia, religión, edad, preferencia u orientación sexual. 

• Una mirada interseccional es necesaria

El modelo económico vigente no nos impacta a todas y todos de la misma manera. El trabajo reproductivo se caracteriza a su vez por una división racial. Tanto a las mujeres racializadas del pasado como a las mujeres del mundo contemporáneo, se nos ha asignado históricamente la tarea de realizar el trabajo reproductivo de forma gratuita o a muy bajo costo. La esclavitud, el colonialismo o la globalización, todos han implicado una jerarquía laboral y salarial muy clara, en la cual las mujeres racializadas ocupan los lugares inferiores de la pirámide.

La palabra interseccionalidad viene del inglés “intersection”, que significa cruce o intersección. Se podría decir que la interseccionalidad hace visible cómo los diferentes órdenes de poder interactúan y se influyen mutuamente. El trato o la percepción de una persona no se basa en una sola cosa, como el género, la orientación sexual, la etnia o la afiliación religiosa, pero todos estos elementos son importantes en algunos casos. Las feministas no blancas carecían de un análisis dentro del feminismo de cómo sus experiencias de ser no blancas y mujeres afectaban a la opresión a la que se enfrentaban. Lo mismo ocurría en el movimiento antirracista, donde faltaba el análisis de cómo el racismo se ve diferente según el género de la persona. Lo que hoy se conoce como “feminismo blanco” también ha sido criticado por carecer de otras perspectivas importantes más allá de la etnia y el color de la piel. Factores como la clase social, la orientación sexual o la identidad de género suelen ser ignorados por el “feminismo blanco”. Tomar como punto de partida a las mujeres blancas, heterosexuales y de clase media dista mucho de ser inclusivo.

En el discurso feminista clásico y hegemónico, se evidencia también la existencia de “una inquietante cercanía entre los discursos coloniales y los de algunas representantes del feminismo occidental, que se expresan en términos salvacionistas por el camino del modelo occidental”[6], desde el privilegio de enunciación de las feministas del “norte” ligadas a los grandes grupos del poder económico global y de aquellas que desde el sur global lo reproducen. Los lineamientos de la estructura social asignan a las personas posiciones de clase, género, raza, edad, nacionalidad, funcionalidad, a las que la construcción de la subjetividad no puede escapar. Estas son obligatorias y pueden resultar siendo aún más, determinantes. O como nos indica Franz Fanon: para un negro no hay ninguna forma de vivir su negritud que no resulte perjudicial para sí mismo.

Se trata de hablar la lengua de la otra sin renunciar a la voz propia, de reconocer que “lo femenino” se encuentra multisituado, articulado a varios vectores de poder. La perspectiva interseccional trae consigo una mirada crítica que se desdobla desde lugares distantes pero convergentes, desde los cuáles los feminismos descolonizan el mundo de la cultura material y simbólica del capital, y su contenido patriarcal o masculino. El ecofeminismo, los feminismos comunitarios, la crítica feminista desde la construcción de lo común, el feminismo marxista, la defensa del territorio hecha por las mujeres frente al despojo, son algunos de los recorridos que implican el nacimiento del “sujeto” del feminismo y se devela en toda su diversidad. Es importante reconocer los múltiples lugares desde los cuales hablamos de ese todo social que nos contiene y configura; comprender el sentido de las emancipaciones en contextos situados y contradictorios, pero no por ello, menos potentes.

3. Situación socioeconómica de las mujeres

La concepción del trabajo asalariado como objeto de explotación con el fin de generar cada vez más ganancias es uno de los fundamentos de la forma de organización de la economía vigente, constituyéndose así la división sexual del trabajo; es decir, la manera cómo se han repartido las labores productivas y reproductivas según los sexos y el género como una de las formas de organización social y económica más básicas de nuestras sociedades. El trabajo en la esfera pública ha sido considerado exclusivamente “cosa de hombres”, mientras el trabajo doméstico ha sido visto como responsabilidad de las mujeres, a lo largo de la historia, Una evidente consecuencia de dicha división es la incorporación de las mujeres al mercado laboral en condiciones de desigualdad: en situación de informalidad o de desempleo, con salarios inferiores a la de sus colegas – hombres – consagrándose así un sistema desigual.[7]

Las actividades que se desarrollan en el espacio “doméstico”, han sido concebidas como responsabilidades morales y biológicas, determinadas por la naturaleza “genética”, razón por la cual no han sido reconocidas como “trabajo”, o por lo menos no como un trabajo que merezca ni formalización, ni remuneración. En contraposición, se han concebido las actividades que se practican en el ámbito público como relacionadas con la provisión, por lo tanto, las hemos reconocido en términos de productividad mercantil y en correspondencia directa con el intercambio económico. Esta es una dinámica que se mantiene en el tiempo y el espacio. Marta Roldán afirma, con respecto al cambio organizativo que implicó la transición productiva del fordismo al ohnismo, que “la subordinación del género femenino en las prácticas y representaciones de la organización del trabajo industrial (y en general en toda práctica de trabajo) no ha desaparecido, sino que continúa y posiblemente se haya exacerbado en el transcurso del pasaje”.[8]

Esta división sexual del trabajo se replica, a su vez, en el seno de las empresas y es el principal motivo de la monumental diferencia salarial entre hombres y mujeres a nivel global. En el modelo económico vigente en la actualidad, la mujer se une a la producción en forma contradictoria. Es solicitada por sus habilidades manuales, a la vez que es retribuida con salarios inferiores. Tenemos entonces que uno de los pilares sobre los cuales se ha constituido dicho modelo separa la producción de las personas de la producción para las ganancias y genera además una jerarquía entre estos dos tipos de trabajo: el trabajo reproductivo queda bajo la responsabilidad de las mujeres y además subordinado al trabajo productivo, el cual es elaborado por los hombres. La reproducción social es vista como un medio para la producción de ganancias y por lo tanto se niega su importancia fundamental.

En la actualidad nos encontramos frente a una situación en la que el punto de quiebre de las comunidades, las familias y, sobre todo, las mujeres, está cada vez más cercano. Cuantas más horas de trabajo asalariado requiera el neoliberalismo de cada hogar y cuanto más reducido sea el Estado de bienestar social, más afectadas se verán. Las luchas que buscan la visibilización de la reproducción social se han convertido así en la vanguardia de las propuestas políticas que se muestran potencialmente capaces de trasfigurar la sociedad de manera estructural y radical.[9]

En los últimos meses, las estadísticas en Colombia han mostrado que, respecto al 2020, el empleo ha mejorado, pero todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a los niveles de 2019, año prepandemia. El DANE también ha destacado que los puestos que faltan por recuperar para volver al panorama laboral prepandemia eran prácticamente todos ocupados por mujeres. En otras palabras, por cada hombre que recuperó su trabajo, cuatro mujeres no lo habían hecho. El confinamiento, la pérdida de empleos y la falta de independencia económica se incrementaron durante la pandemia, y fueron factores que desencadenaron e incidieron en el aumento de la violencia contra las mujeres. Las mujeres realizan una cantidad tres veces mayor de trabajo de cuidados no remunerado que los hombres.

Las brechas salariales que existen entre hombres y mujeres, en la inactividad y desempleo que se presenta mayoritariamente en mujeres y en las horas no remuneradas de trabajo asumidas para el trabajo reproductivo del cuidado que se calcula constituyen 20% del PIB, siendo un 16% aportado por las mujeres:

 

De cualquier forma, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres no solamente refleja la brecha salarial detallada previamente, sino también la importancia del uso no remunerado del tiempo para la realización de labores de hogar y de cuidado cuya carga cae hasta en un 78.3 por ciento sobre las mujeres y cuya magnitud es tal que cada día del año 2016-2017 se tuvieron que dedicar cerca de 86 millones de horas en total, equivalentes a 2.148.906 semanas laborales o 41.325 años laborales de un trabajador ( Luis Jorge Garay Salamanca y Jorge Enrique Espitia Zamora 43 o empleado –Garay y Espitia, 2021b). Si se remunerara con un salario mínimo legal y con las prestaciones laborales vigentes, este trabajo no remunerado equivaldría en total a cerca del 20 por ciento del PIB al año –un 16 por ciento del PIB al año por concepto del trabajo no remunerado realizado por las mujeres[10].

Vale la pena entonces ocuparemos del análisis de algunos aspectos de la situación socioeconómica de las mujeres de Colombia en relación con los ingresos, la pobreza, el empleo y la inequidad conforme a los últimos trabajos desarrollados por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, que nos permita visibilizar políticas redistributivas que un proyecto democrático debe considerar, sin que este signifique que no sea igualmente necesario el abordaje de las condiciones culturales del reconocimiento.

• Acceso al mundo del trabajo

En Colombia, para el 2019, había 48.910.036 habitantes, de estos el 51% son mujeres. 2,5 millones se autoreconocen como parte de alguna etnia y cerca de 4 millones se identifican como víctimas de desplazamiento forzado interno en los últimos 50 años [11].

Si bien la participación de las mujeres ha aumentado en el mercado laboral del 46,4% al 53,1% desde el 2008-2019 esta se ha dado en condiciones más precarias, de mayor discriminación, informalidad y con ingresos inferiores a los percibidos por los hombres. Este acceso al mundo del trabajo tiene una relación con el acceso a la educación, solo el 40% de las mujeres con escolaridad básica hacen parte del mundo laboral, en este contexto Garay y Espitia señalan que la probabilidad de que un hombre con baja escolaridad acceda a ser parte de la fuerza laboral es el doble respecto a una mujer con igual nivel. La mayoría de las mujeres que acceden al mundo laboral tienen formación profesional, tecnológica y con escolaridad superior [12].

• Pobreza y vulnerabilidad monetaria

Para el año 2020 el 42,9% de la población colombiana estaba bajo la línea de pobreza monetaria y el 30,4 % en vulnerabilidad monetaria, lo cual implica unas condiciones de informalidad tales que en cualquier momento podrían devenir en pobres. Según estos datos, el 73% de la población colombiana se encuentra en pobreza y vulnerabilidad monetaria. En las zonas rurales del país esta realidad asciende al 90,9%, siendo las mujeres más afectadas respecto a los hombres tanto en lo urbano como en lo rural. Esto supone que solo un 25% de la población corresponde a la clase media. Aquí es importante señalar que este análisis se da desde el punto de vista de la prevalencia de la economía monetaria. Teniendo en cuenta la existencia de economías mixtas, de trueque y de pan coger, podría ser que la situación en algunas zonas rurales los considerados “pobres” allí, son menos pobres que los considerados menos pobres en las zonas urbanas.

Esto se debe correlacionar con el desempleo, que de acuerdo con el análisis de los autores aumentó para ese año en un 31,2% siendo mayoritario para las mujeres[13], en donde las más afectadas son las mujeres jóvenes entre los 16 y los 30 años. En el contexto rural nos encontramos con una tasa de desempleo de las mujeres equivalente a casi tres veces la de los hombres[14]. Si observamos el indicador de inactivos, en las mujeres sigue siendo superior, en tanto estas asumen las actividades del hogar y del cuidado, que en el contexto de la pandemia generó un mayor confinamiento y carga sobre ellas.

El indicador más elocuente que da cuenta de esta situación es el de número de horas de trabajo no remuneradas. Mientras que los hombres trabajan 45,3 horas de forma remunerada en la semana, las mujeres solo lo hacen por 36,9 horas: 8,4 horas menos que los hombres y para agosto de 2021 la relación de ocupados fue de un 70% para los hombres y 30% para las mujeres. Si se mira desde las jefaturas de hogar la tasa de desempleo para las jefes mujeres aumentaron más, esto es, en la prepandemia estaban 10,3 y ahora en el 20,7 vs 5,1% y 11,9%.  Para agosto de 2021 estas tasas aún no habían llegado a los niveles prepandemia[15].

Lo más preocupante de toda esta radiografía socioeconómica de las mujeres en Colombia es que en lo corrido del año 2021 el número inactivo de jefes de hogar asciende a 706 mil, de los cuales el 77% son mujeres, con una brecha donde el ingreso promedio de un hombre jefe de hogar es de $1.387.607 al mes) y el de una mujer jefe de hogar es de $1.009.079 al mes. A esto se suma que existe una brecha salarial documentada entre hombres y mujeres que asciende a un 40% menos en los ingresos mensuales inferiores a 5 millones de pesos y mayores de 15 millones de pesos, aunque resulte favorable cuando los ingresos son inferiores a 2,5 millones, con excepción a la ocupación de “empleada del servicio”[16]. La brecha de ingresos es superior en el campo que en zonas urbanas.

Se debe anotar que del total de mujeres en el país, más de dos tercios de las ocupadas están en condición de informalidad en sitios con menos de 5 trabajadores, el 40% de las ocupadas lo hace por cuenta propia, el 5,2 % en labores familiares sin remuneración y el 7% en trabajo de oficios domésticos; con respecto a la población colombiana tres quintas partes están en la informalidad, siendo mayor en las mujeres con excepción al grupo etario entre los 18 y 28 años, y hay una relación inversa entre informalidad y escolaridad. De los ocupados colombianos de todos los géneros, el 51% percibe menos de un salario mínimo.

Esta situación constituye una injusticia social y económica que debe ser abordada por un nuevo paradigma que genere verdaderas políticas públicas redistributivas. Lo que muestran estas cifras es como el capitalismo, para sostenerse, no sólo debe apelar a la explotación, sino a la expropiación del trabajo reproductivo principalmente de las mujeres; lo cual claramente es una seria invitación a que esta realidad se aborde en dirección de promover políticas públicas dirigidas al campo reproductivo del cuidado, la salud, la educación, la protección social; es decir, esto implica un modelo distinto de economía política que supone un programa de transición democrática en ese sentido, de tal manera que no se paralice la acción política de un proyecto alternativo en una apuesta maximalista que no determine pasos intermedios y temporalidades para llegar hasta el objetivo.

En este contexto, se debe tener en cuenta que existe una imbricación entre, por un lado, las demandas de reconocimiento que se desarrollan fundamentalmente en el campo de la cultura y, por el otro, las de redistribución, que operan principalmente en el campo económico y político. De acuerdo con el planteamiento de Fraser, lo que se tendría que dirimir es que la legitima necesidad de reconocimiento, de diferenciación de identidad no soslaye la importancia de desarrollar trasformaciones a nivel de la estructura económica y política. Las políticas identitarias y de reconocimiento han sido adoptadas dentro del multiculturalismo del estado liberal, sin que necesariamente esto implique transformaciones redistributivas en la estructura económica que generan inequidades que afectan la vida de las mujeres. De igual manera, la apuesta por una nueva economía política redistributiva debe contener una transformación cultural del orden social discriminatorio de los grupos identitarios[17].

Avanzar en este sentido va a requerir asumir una serie de reformas estructurales que hemos denominado como una agenda de transición democrática[18], en donde se encuentran propuestas que se ubican en el campo de la reproducción de la vida como la necesidad de replantear[19] de fondo el modelo de salud vigente, cimentado sobre la extracción de rentas públicas por parte de unas minorías que hacen ganancia a costa de la enfermedad, siendo este uno de los pivotes de la protección social que debe, además, asumir el conjunto de reformas estructurales de la seguridad social que implica el régimen pensional, los servicios complementarios, la reforma laboral que debe iniciar con una medida de igualación de salarios, etc.  Otra de estas reformas está dirigida al pacto por el derecho a la educación que, en un proceso de transición, garantice el acceso gratuito a la misma desde los 3 años hasta la educación superior. Todo esto sumado a la materialización de propuestas que se han quedado archivadas como la del sistema nacional del cuidado, la renta básica permanente que prioriza a las mujeres jefas de hogar. En el campo de la ruralidad se hace necesario, entre muchas otras cosas, asumir la infraestructura de las vías terciarias del país.

Desde la perspectiva tributaria, que es otra de las reformas estructurales de transición democrática que deben ser asumidas para garantizar la financiación de los derechos fundamentales, se propone despenalizar a las mujeres de impuestos a los productos de uso exclusivo, lo que contribuye a la feminización de la pobreza, preeminencia a la imposición de impuesto del IVA a hogares con mayores ingresos, los cuales se estaría recargando en la actualidad en los hogares más vulnerables con jefatura femenina que en el momento constituyen en 30% del total de hogares[20]. En suma, un proyecto democrático debe asumir un programa de transición con un corto, mediano y largo plazo que supere el neoliberalismo como modelo económico y político patriarcal cuyo resultado han sido las profundas desigualdades descritas y este debe ser uno de los centros prioritarios de una agenda política feminista y de las mujeres.

4. Participación Política de las Mujeres

Nos proponemos en este apartado hacer un análisis de la participación de las mujeres dentro del sistema político en Colombia en cargos colegiados y uninominales. De acuerdo con las Naciones Unidas, Colombia ocupa el lugar 122 de 193 países en el ranking de mujeres que participan en las corporaciones parlamentarias, se encuentra en un 20%, por debajo del promedio total de las Américas, que cuenta con un 32% de participación [21]. Solo un 6% de los países tienen una mujer como primera mandataria y en América Latina solo una, recientemente electa en Honduras.

Las mujeres son el 51,2% de la población colombiana[22] y el 55,1% de las personas votantes en las últimas elecciones nacionales[23]. No obstante, esta representación no se refleja en los espacios de poder en donde las mujeres son la minoría. Las mujeres son apenas el 20,4% del Congreso actual electo en 2018 y en las autoridades locales apenas el 13,5% entre los electos a las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales de 2019[24]. Todo esto existe a pesar de las acciones afirmativas para incentivar la participación política de las mujeres, adoptada en la ley 1475 de 2011 que no ha sido materializada.

En Colombia son pocas las mujeres que han sido candidatas presidenciales. El año en donde hubo mayor participación fue de dos mujeres, de dos espectros políticos distintos, Marta Lucía Ramírez del conservatismo y Clara López del Polo Democrático Alternativo y ocurrió en las pasadas elecciones del año 2018. El fenómeno que se presentó también en este mismo año fueron mujeres elegidas por los candidatos presidenciales al cargo de vicepresidentes. En el actual proceso electoral que tendrá lugar en el 2022 se configuran, al menos, tres coaliciones en donde solo una, el Pacto Histórico, hay dos mujeres precandidatas presidenciales: Francia Márquez y Arelis Uriana. Hasta el 20 de octubre de 2021 de 41 candidaturas presidenciales que se han inscrito, solo cinco corresponden a mujeres.

• La paridad y el Sistema Político

Las explicaciones que se han dado para el logro de una democracia paritaria son múltiples, pero entre otras mencionaremos la ausencia de financiación para las lideresas mujeres siendo ineficaz la destinación para ellas de los incentivos que por ley reciben los partidos políticos, como lo pudo establecer la Misión Electoral Especial del 2017. Otro elemento es la violencia contra las mujeres en política que conforme ha documentado el observatorio de la MOE el 68,2% de las lideresas políticas han experimentado este tipo de violencia por el hecho de ser mujeres, dadas por amenazas, intimidaciones u otro tipo de violencias psicológicas y simbólicas. No se ha avanzado de manera adecuada en la reglamentación de los principios constitucionales de paridad, universalidad y alternancia que implicaría la conformación obligatoria de listas paritarias para corporaciones públicas.

En cuanto a la participación en los procesos electorales de los órganos colegiados lo que existe en el momento es una política de acción afirmativa que exige que por lo menos el 30% de los integrantes de las listas correspondan a mujeres. Esto configura un techo de cristal, es decir, los partidos han asumido esta cuota como un máximo, y no como un punto de partida para el logro de la paridad, máxime cuando la exigencia es para la participación en las listas, lo que no garantiza que las mujeres sean efectivamente elegidas. Los datos de registro de la registraduría y el CNE no nos permite obtener una desagregación de las mujeres candidatas que nos permita ir más allá del género, como la de valorar su procedencia de clase y de etnia. Lo cierto es que para el 2018 en el Congreso solo existen dos mujeres afrodescendientes, una raizal, una indígena y una mujer que se identifica como lesbiana.

Aunque las acciones afirmativas son importantes, son insuficientes para garantizar la paridad en los comicios electorales. En la actualidad algunas colectividades han avanzado en la presentación de listas paritarias cremalleras (una mujer seguida de un hombre y así sucesivamente) que garanticen que la mitad de los congresistas electos sean mujeres, lo cual nos parece un paso en el sentido correcto. No obstante, esto tiene dificultades propias de la debilidad del sistema de partidos políticos en Colombia que tuvo que migrar a las listas abiertas con voto preferente por las dificultades que implicaban las listas cerradas que era el mecanismo adoptado en el Frente Nacional:

“se quería facilitar y hacer más aceptable la reagrupación de los partidos atomizados. […] En efecto, muchos partidos temían que la lista única terminara dando demasiado poder a las cúpulas partidarias […] sin tomar en cuenta las preferencias de sus militantes o de sus electores. Ese temor al “bolígrafo”, que recordaba prácticas criticadas y autoritarias de la vida partidaria de la época del Frente Nacional, fue al origen de la adopción del voto preferente […] para resistir la potencial centralización al interior de los partidos.”[25]

Esta situación, que dio lugar a que se privilegiara la lista abierta con voto preferente, aún no se ha subsanado en el sistema político colombiano y requerirá que dentro de una reforma política se establezcan los mecanismos democráticos obligatorios al interior de los partidos y coaliciones para la definición del orden de la lista, que supere las dificultades identificadas en los distintos momentos en que se ha apelado al mecanismo de lista cerrada. Es necesario anotar que las listas abiertas con voto preferente también han exhibido problemas, como por ejemplo ser un escenario propicio para el clientelismo en la medida en que privilegia a quien tenga recursos para la campaña por encima del voto programático y rompe la disciplina de partido. Si bien la lista cerrada cremallera ofrece mayor garantía para la elegibilidad de mujeres, al no existir mecanismos democráticos para definir el orden se estaría supeditando la participación a la decisión de las cúpulas de los partidos. Es decir, el sistema político debe aspirar a ser paritario con participación democrática, ambas condiciones no deben ser incompatibles.

En ese sentido, adoptamos la propuesta que ha presentado la Misión de Observación Electoral, que a nuestro juicio, son elementos que deben ser considerados en una reforma política que haga realidad la participación política de las mujeres[26]:

• Constitución de listas: La modificación del artículo 263 de la Constitución Política con el objetivo que se establezca que los partidos políticos, movimientos y coaliciones realizarán consultas con mecanismos democráticos establecidos por la ley para sus candidatos a cuerpos colegiados en circunscripciones regionales y nacionales para la definición del orden, garantizando siempre la alternancia sin excepción alguna.
• Paridad a cargos uninominales: reforma legal que obligue a los partidos a avalar en un 50% a mujeres para cargos a alcaldías y gobernaciones.
• Paridad en órganos de dirección: obligación legal de los partidos de tener paridad en sus órganos internos de dirección, además de acciones afirmativas para la inclusión multicultural con enfoque de género, clase, etnia y grupos sujetos de protección especial.
• Recursos públicos con destinación específica: obligación legal de los partidos de destinar recursos para garantizar la participación política de las mujeres, jóvenes, grupos étnicos y el desarrollo de políticas públicas con enfoque multicultural e interseccional.
• Instancias de promoción de participación de las mujeres: Obligación legal de los partidos de crear una instancia institucional para la promoción de la participación de las mujeres con dotación humana y financiera.
• Violencia contra las mujeres en política: obligación legal de los partidos de generar protocolos de atención de violencia contra las mujeres en política, y el desarrollo de mecanismos estatutarios que permitan abordar las violaciones a los derechos políticos de las mujeres.
• El establecimiento de un régimen sancionatorio a los partidos por el incumplimiento de las anteriores medidas, que estaría a cargo de la autoridad electoral.

La introducción de estos elementos en una reforma política sería un paso importante desde la perspectiva del sistema político para garantizar que exista como punto de partida una democracia paritaria, no obstante somos conscientes que para una reflexión de cambio político, la agenda progresista debe ir más allá, por lo que proponemos continuar con la categoría de la interseccionalidad que ya referenciamos, como un paso más avanzado que nos permita nos solo incorporar la paridad de género, sino las relaciones de poder y opresión que se dan alrededor de la intersección del género con la clase y la raza.

Desde la perspectiva interseccional que definimos en el sentido más simple como el análisis de las relaciones de poder desde el género, la etnia y la clase[27], es importante que la paridad en los sistemas políticos vaya más allá del género y logre ser incorporar otras variables, esto supone que los partidos logren la representación del conjunto de la sociedad en su composición de género, de clase y de etnia, lo que implica una conformación de la representación lo más cercana a la distribución social, de clase y grupos identitarios de la misma de la sociedad. Esto posibilitaría superar la crisis de representatividad y legitimidad que atraviesan los partidos políticos en la actualidad, que se refleja en el congreso, en donde un porcentaje importante de los que lo conforman son terratenientes y/o representantes de las elites económicas y las redes clientelares.  La paridad en estos casos casi siempre surge de mujeres que participan en las listas no porque sean líderesas sociales o políticas, sino simplemente para llenar la cuota de género. Surgen fenómenos como la esposa, la prima, la hermana o la tía del político que impulsa a la mujer de su familia para que herede sus votos, para cumplir con la cuota y, de golpe, para mostrarse incluyente.

• Más allá de la paridad y como el neoliberalismo domestica la diversidad y la inclusión

El contexto general descrito permite inferir dos aspectos. El primero es que la participación política de las mujeres en elecciones presidenciales es claramente muy poca; es un escenario dominado por hombres, la mayoría de estos con discurso que en el contexto del neoliberalismo reproducen los modelos económicos y sociales que explican la exclusión social de la que son sujetas millones de mujeres, que son las más afectadas por estas políticas que han sido hegemónicas en Colombia y en el mundo en las últimas décadas, con resultados desastrosos a nivel social como se mostró en el capítulo de análisis socioeconómico de la situación de las mujeres en Colombia.

De otro lado, los partidos políticos y candidatos que en sus idearios y trayectorias políticas han defendido estas políticas públicas que, como resultado, han generado la exclusión de las mujeres, la feminización de la pobreza y la inequidad, han logrado domesticar el discurso de la multiculturalidad y la diversidad, posicionando lo que denomina Fraser como las femócratas; es decir, mujeres con altos cargos en las corporaciones financieras posicionadas desde el esencialismo de las faldas e impulsoras de las más abyectas políticas neoliberales en donde prometen proteger a sus hermanas del Sur Global con créditos para iniciar su propio negocio[28]. En el caso de Colombia los partidos relacionados con el clientelismo y la parapolítica se las han arreglado para poner entre sus filas a mujeres negras o a mujeres en los altos cargos de representación del Estado, mientras que en su accionar público respaldan las más excluyentes políticas contra las mujeres en el congreso; como por ejemplo la negación de la renta básica como derecho básico que favorecería cientos de miles de madres cabeza de familia que padecen la pobreza y la exclusión social y económica.

Este punto es clave si pensamos la participación de las mujeres que pertenecen a las comunidades negras o indígenas. Más allá de las circunscripciones especiales que tienen derecho las comunidades étnicas en Colombia, “lo negro” y “lo indio” y su vinculación con las mujeres cada vez más es usado por los partidos como factores de inclusión y de reconocimiento de la diversidad cultural. Se usa como marcador de inclusión, pues el carácter étnico y de género tiene un efecto positivo en el electorado; así las cosas, mientras más mujeres, y mujeres negras o indígenas, mucho mejor para ganar una elección. Este dispositivo de reconocimiento de la diversidad cultural, propio de las políticas multiculturales, no cuestiona las relaciones de poder, los aspectos estructurales ni los sistemas de opresión de los que son víctimas las mujeres. Es un acto celebratorio e instrumental que cada vez funciona mejor en los escenarios mediáticos propios del mundo occidental.

En este contexto, un nuevo movimiento de mujeres progresistas debe acoger la paridad como una conquista republicana necesaria para la participación política, pero debe propender por ir más allá. El debate hoy no sólo es frente al patriarcado como ethos cultural de opresión, sino también contra una suerte de neoliberalismo progresista que ha capitalizado el esencialismo racial y de género para mantener el orden social y económico que precariza la vida de millones de mujeres trabajadoras y pobres.

5. Violencia contra las Mujeres en Política

La participación política de las mujeres ha venido en aumento en los últimos años, no sólo en los escenarios representativos de la política electoral, sino en los escenarios de participación de la sociedad civil y los movimientos ambientalistas, afros, campesinos, de derechos humanos y sociales; sin embargo, han sido sujetas de distintos tipos de violencia en función de su condición de género.

De acuerdo al observatorio Político Electoral de Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE) se define como violencia contra las mujeres en política como “ un conjunto de agresiones dirigidas a las mujeres y/o a sus familiares, personas que tengan relación inmediata con las mujeres, basadas en género, con el objetivo de impedir, desestimular o dificultar el ejercicio de participación y/o de representación política, que se reflejan en sus liderazgos políticos, sociales y/o comunales”[29]

Lo que implica la tolerancia a diversas formas de violencia, sea que se presente en los escenarios públicos, en los privados, a través de internet, redes sociales, medios informáticos, que pueden ser parte de acciones de violencia física, psicológica, sexual, simbólica y económica.

El Informe de la MOE se presenta en función de las siguientes categorías: amenaza, entendiendo estas como las acciones que buscan amedrentar y disuadir replanteamiento de posturas por parte de una mujer que se encuentre en un cargo público, o una lideresa social que establezca denuncias, el secuestro como privación ilegal de la libertad; desaparición forzada; atentado y/o asesinato. En cuanto a la violencia contra las mujeres en política se distinguen las siguientes categorías:

Violencia Psicológica: acción u omisión para degradar o controlar acciones, comportamiento o decisiones de las mujeres, mediante boicot social, coerción, difamación o acoso.

Violencia simbólica: acciones que tienen como objetivo entorpecer las agendas políticas de las mujeres, imposición por razón de género o imposición de estereotipos de género, y represalias ante las agendas de género.

Violencia económica: acciones u omisiones que restringen los recursos a las mujeres para acceder al ejercicio de la política.

Violencia física: acciones referidas a secuestro, homicidio, feminicidio, maltrato que buscan entorpecer la acción política.

Violencia Sexual:  Corresponde a un acto de naturaleza sexual que tiene consecuencias en el ejercicio de la política, que puede resultar, en daño físico, psicológico y emocional. Estas acciones pueden tener como objetivo obligar a las mujeres a “intercambiar” favores sexuales para ganar una candidatura en el partido o conseguir financiación para la campaña o acceso a recursos patrimoniales del partido.

Desde la perspectiva feminista, este tipo de violencia se encuentran institucionalizadas en la sociedad capitalista. En la antiguedad había un poder explícito que se otorgaba a los hombres para ejercer una subordinación sobre los demás miembros de la familia, con el paso a la sociedad moderna capitalista este rol se mantuvo de manera atenuada en los hombres, dando paso a un hecho que era político y por tanto de carácter público, a una situación en donde esta relación de subordinación se volvió privada, se despolitizó, tornándose más “psicológico”, menos “racional”, menos controlado [30].

Esta misma violencia ejercida contra la mujer se traslada al ejercicio de la política. Para el caso colombiano el monitoreo de estas se encuentra particularmente subregistrado, por lo que nos proponemos analizar los datos que presenta el observatorio de la MOE que comprende los hechos registrados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 13 de noviembre del mismo año, fecha previa a la inscripción de las listas del Congreso. En este periodo de tiempo se registraron 439 vulneraciones a las mujeres, siendo las lideresas sociales más afectadas que las políticas, pues corresponden al 55% de las vulneraciones, con respecto al año anterior hubo un aumento del 10,7%. Entre los liderazgos sociales, en su orden las más afectadas son las de organizaciones de víctimas, indígenas, mujeres, comunitarias, derechos humanos y campesinas, en menor proporción las ambientalistas, sindicalistas y docentes [31].

Desde una perspectiva interseccional el 46,5% de las vulneraciones de las lideresas indígenas son letales, siendo el grupo más afectado en este tipo de vulneración. En los últimos tres años el hecho de vulneración más común es la amenaza, que en el caso de las lideresas compromete a toda su familia y les implica en muchos casos la renuncia, como dan cuenta los relatos que muestra el informe.

La segunda vulneración más común es el atentado u homicidio que en el 2021 registraron 32, siendo también mayores en las lideresas sociales con un 39% y 27% respectivamente, frente a un 15% de las lideresas políticas. En ese sentido se espera que por la vía de las circunscripciones transitorias especiales de paz que exigen que haya listas cremalleras y está dirigida a los liderazgos sociales, estos se tornen en liderazgos políticos.

En cuanto a los territorios más afectados por este tipo de violencia se encuentra en primer lugar Bogotá, Cauca, La Guajira y el Valle del Cauca. El Cauca llama la atención por el aumento de la violencia general, La Guajira por el mayor número de casos de letalidad, y el Valle del Cauca respecto al 2020 tuvo un aumento de un 66% de afectaciones. La Guajira y el Cauca son los departamentos con mayor habitabilidad indígena, en el Valle del Cauca en el año 2021 tuvo lugar uno de los focos más importantes de la protesta en el contexto del paro nacional con una importante participación de la denominada primera línea como actor político y social emergente que tenía entre sus filas un número importante de mujeres jóvenes.

Casi el 65% del asesinato de las lideresas ocurrieron en 12 de las 16 circunscripciones de paz, lo cual es preocupante, debido que de estos territorios saldrán las candidatas para ocupar las curules de las víctimas. Entre el periodo de 2017 a 2021 es importante reconocer que se presentan el mayor número de hechos victimizantes previo a los comicios electorales del momento.

Existen otros hechos que son más invisibles, pero no menos importantes que se caracterizan como violencia simbólica, en donde se apelan a estereotipos de genero y sexualizados para mostrar relaciones de favores sexuales de las mujeres para acceder al poder. Son casos que están menos documentados en los territorios y tienen mayor conocimiento entre mujeres de las altas esferas políticas.

¿Qué nos dicen todos estos datos? Que la violencia contra las mujeres que participan en política opera de manera diferencial. Que hay una intersección, nuevamente, entre la procedencia, la raza, la clase, el contexto político y el lugar de procedencia con el género, todo esto en un contexto en donde claramente el aumento de la violencia contra las lideresas coincide con los momentos prelectorales. Esta violencia es política en tanto busca la eliminación física, psicológica o moral de liderazgos que buscan devenir en representativos en las corporaciones del Estado, localizados en territorios en donde mayoritariamente ha triunfado en el mapa electoral la oposición política al régimen gobernante. Pero también es de género y raza, en tanto quienes han mostrado ser más vulnerables en esa violencia son las mujeres indígenas y las lideresas de las víctimas que disputan desde el territorio la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las desmovilizadas FARC-EP.

Como hemos anticipado, estos sistemas de opresión se interseccionan, etomamos este  concepto que  proviene del black feminism, que en los años ochenta impulsaron, principalmente desde Estados Unidos, este enfoque como un esfuerzo por entender cómo la raza, el género y la clase social se articulaban de diferentes maneras para mantener la opresión de las mujeres de color.

6. Conclusiones

Creemos que es importante concluir con un enfoque holístico que nos permita asumirnos como partes integrales de una misma problemática. La situación socioeconómica de las mujeres, su participación y la violencia contra ellas en política son interdependientes e interaccionan de múltiples maneras; son contextos, complejidades y expresiones de un sistema en crisis y que por tanto requiere de atención y abordaje con el vehemente objetivo de transformarlo en lo más profundo de su esencia, política, económica y cultural. Nuestro planteamiento es que se requiere tanto de reformas estructurales como de transformaciones culturales para hacer posibles la inclusión y la paridad, la igualdad y la justicia social tan ineludibles en Colombia y en el continente latinoamericano. Nos parece que la superposición de la importancia del uno sobre el otro es lo que ha derivado en desencuentros entre algunas concepciones del feminismo y los proyectos políticos democráticos del campo progresista.

Estamos convencidas que es necesario asumir la difícil pero imperante tarea de generar políticas públicas materializables, que cambien la vida de millones de mujeres, hombres, niños y niñas en Colombia y en la región latinoamericana desde perspectiva interseccional. Esta es una mirada clave que nos permite diagnosticar tanto las dinámicas de violencia estructural como también las disposiciones inconscientes de la dominación; la violencia material y simbólica; las instituciones y las subjetividades. Por ejemplo, el aumento de los casos de violencia de lideresas sociales y políticas, el carácter rural en donde se concentra tal violencia, las regiones en donde operan, la letalidad de las acciones y, sobre todo, el carácter étnico al que pertenecen juega un papel central en la comprensión de la realidad de las mujeres y de la violencia a la que se ven sometidas en los escenarios políticos colombianos. No es ni fructífero, ni constructivo, ni realmente transformador abordar la situación de injusticia social, los vacíos de representación democráticos y la violencia política sin apostarle a una nueva economía política que genere acciones públicas redistributivas, que reconozcan, además, las luchas por el reconocimiento, las cuales deben ser económicas, políticas y culturales a la vez. Es pertinente también concebir a la categoría de clase social como una categoría político-económica y valorar su poder de subjetivación.

Sostenemos también que cualquier política planteada con objetivos claros de transformación de nuestras sociedades debe revisar el sistema de organización económica actual, basado en el pleno desconocimiento del trabajo reproductivo – elaborado por las mujeres – y en subordinación al trabajo productivo. Es imperante reconocer el valor del trabajo de hacer a las personas, el trabajo de crear, nutrir y formar a la fuerza laboral; elemento fundamental de la producción capitalista. Sin abandonar la crítica a la sujeción que esta opresión tiene al sistema capitalista, el movimiento de mujeres y el proyecto político democrático no debe paralizar su accionar político a la espera de soluciones maximalistas inmediatas.

En ese sentido, se propone desarrollar un programa de transición democrática en donde cada paso intermedio esté en el sentido del desarrollo de las reformas estructurales que demandan la inclusión y el logro de la igualdad que superen el modelo neoliberal; ante la dinámica intertemporal de exclusión y discriminación sexual, racial, étnica, resulta necesario construir un contrato social intra- e inter- generacional para la superación de la organización social y productiva patriarcal disruptora característica de la organización societal capitalista.. Entre estas políticas, resultan importantes i) la reforma política para la construcción de una democracia paritaria con sentido interseccional y con instrumentos para enfrentar la violencia contra las mujeres que participan en política, ii) la renta básica permanente con el reconocimiento priorizado de este derecho de ciudadanía a las mujeres jefas de hogar, iii) una política laboral de igualación de salarios que supere las brechas de ingreso, iv) retomar la implementación del sistema nacional de cuidado, v) las medidas tributarias que liberen de impuestos los bienes de uso cotidiano de las mujeres. vi)  Todas estas en el contexto de las necesarias reformas estructurales que demanda la sociedad colombiana en medio de la crisis profundizada y evidenciada por la pandemia del Sars Cov Covid-19 que tiene su correlato en la gran crisis civilizatoria que se expresa, en particular, en la crisis climática.

 Tomado de: https://www.sur.org.co/situacionsocioeconomicaviolenciayparticipacionpoliticamujeres/

 

 

Bibliografía

Arruzza, C, Bhattacharya, T & Fraser, N. 2021. Feminismo para el 99%, un manifiesto. Rara Avis: Buenos Aires.

Benería L. (1981). Reproducción, producción y división sexual del trabajo.

Butler J. & Fraser N. 2000. Reconocimiento o redistribución, un debate sobre marxismo y feminismo, Traficantes de sueños: Madrid

Ensayos sobre la estructura social en clave de género, Crisis y Política Pública en Colombia. Garay LG, Espitia, J. Diciembre de 2021. Planeta Paz.

Informe de Participación Política de las Mujeres a la Presidencia de la República Elecciones 2022. Sarmiento V y Escalante L.  Observatorio de Género de la Misión de Observación Electoral. Noviembre de 2021

Montanaro Mena, A M – Una mirada al feminismo decolonial en América Latina, 2017 Dykinson: Madrid.

Roldán, M. 2000. ¿Globalización o Mundialización?, Flacso – Eudeba –Universidad Nacional de la Patagonia- Delegación Trelew.

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[1] Carolina Corcho Mejía es Médica Psiquiatra, Msc en Estudios Políticos y Presidenta de la Corporación Latinomericana Sur.

Lidoska Peralta Prieto es PHD en Historia Económica, Investigadora y Docente Universitaria.

Gloria Florez Schneider es Defensora de Derechos Humanos y Presidenta de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina.

[2] Red de Mujeres de América Latina de los Partidos Participantes del Grupo PAO del Centro Internacional Olof Palme (Proyecto de Apoyo a Organizaciones Políticas de AL).

[3] Ensayos sobre la estructura social en clave de género, Crisis y Política Pública en Colombia. Garay LG, Espitia, J. Diciembre de 2021. Planeta Paz.

Informe de Participación Política de las Mujeres a la Presidencia de la República Elecciones 2022. Sarmiento V y Escalante L.  Observatorio de Género de la Misión de Observación Electoral. Noviembre de 2021

[4] Arruzza, C. Bhattacharya, T. & Fraser, N. (2021). Feminismo para el 99%, un manifiesto. Pág. 28.

[5] Fraser N, Buttler J, ¿Redistribución o Reconocimiento? Un Debate entre el Marxismo y el Feminismo. Neft Left Review. Ed Traficante de Sueños. 2000

[6] Montanaro Mena, A M. (2017). Una mirada al feminismo decolonial en América Latina. Pág. 95.

[7] Benería L. (1981). Reproducción, producción y división sexual del trabajo.

[8] 5 Roldán, Marta, ¿Globalización o Mundialización?, Flacso – Eudeba –Universidad Nacional de la Patagonia- Delegación Trelew, julio de 2000.

[9] Arruzza, C, Bhattacharya, T & Fraser, N. 2021, pág. 43.

[10] Ensayos sobre la estructura social en clave de género, Crisis y Política Pública en Colombia. Garay LG, Espitia, J. Diciembre de 2021. Planeta Paz. P 42

[11] Ibid

[12] Ibid.

[13] Los autores señalan que la tasa de desempleo de mujeres respecto a hombres es de (20,4 vs 12,7%)

[14] Esta tasa sería de 16,1% de mujeres vs 5,6% para los hombres

[15] Ensayos sobre la estructura social en clave de género, Crisis y Política Pública en Colombia. Garay LG, Espitia, J. Diciembre de 2021. Planeta Paz.

[16] Ibíd.

[17] Arruzza, C, Bhattacharya, T & Fraser, N. 2021

[18] Agenda de Transición Democrática, Corporación Latinoamericana Sur.

[19] Garay LG y Espitia J, (2021)

[20] Ibid

[21] https://lac.unwomen.org/es

[22] DANE (2018). Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Bogotá.

[23] Registraduría Nacional del Estado Civil (2018). Elecciones 2018 Congreso de la República. Recuperado de https://elecciones.registraduria.gov.co:81/elec201803aximo

[24] Barrios A, Mancera C, Pabón M y otros.  La reforma política y electoral que necesita Colombia hoy. Misión de Observación Electoral. 2021

[25] Ver KAS Papers No. 20

[26] Idem. Misión de Observación Electoral, 2021

[27] Se mencionan raza, clase y etnia en aras del argumento que estamos planteando, pero sabemos que existen otros marcados y otros sistemas de opresión también interseccionan el género que, dado el alcance de este documento, no han sido abordados con detalle.

[28] Arruzza, C, Bhattacharya, T & Fraser, N. 2021

[29] INFORME DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 2021. Elaborado por: Monig Rodríguez Aguirre Investigadora del Observatorio Político-Electoral de la Democracia – MOE Luisa Salazar-Escalante Coordinadora del Observatorio de Género – MOE

[30] Arruzza, C, Bhattacharya, T & Fraser, N. 2021

[31] Idem. Misión de Observación Electoral.