Libertad religiosa y pluralismo en Colombia: un pilar de la democracia en tiempos de confrontación
Por Maestro Zheng Gong
En un mundo cada vez más diverso, donde las ideologías, creencias religiosas y posturas políticas se entrelazan de forma compleja, la libertad religiosa se configura no solo como un derecho fundamental, sino como un principio esencial para la convivencia pacífica. Este derecho, consagrado en las constituciones de muchos países —incluida la de Colombia—, garantiza la posibilidad de vivir y expresar la fe sin temor a represalias. No obstante, cuando la religión se proyecta hacia el ámbito público, surgen debates que nos invitan a cuestionar qué significa realmente ejercer esta libertad en su forma más genuina.
Recientemente, hemos presenciado cómo la libertad religiosa se convierte en terreno de disputa, especialmente cuando personas con relevancia pública adoptan causas profundamente ligadas a la justicia y la compasión, pero que no siempre son comprendidas o aceptadas por todos los sectores de sus comunidades religiosas. Son voces que, guiadas por un compromiso con los más vulnerables y marginados, se ven cuestionadas —e incluso atacadas— por quienes interpretan estas acciones como un desafío a los dogmas tradicionales.
Este fenómeno no es una anomalía, sino un reflejo de la transformación que atraviesan nuestras sociedades, y nos reta a reflexionar sobre los desafíos que emergen al interior de las propias comunidades de fe en un contexto de pluralidad creciente. Que una persona alce la voz por los oprimidos, sin importar su filiación religiosa o política, debería provocar reflexión, no descalificación.
La religión no debe concebirse únicamente como un sistema de creencias cerrado, sino también como un motor para la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Desde sus inicios, la sociología de la religión ha buscado entender las dinámicas internas de las comunidades religiosas y su relación con el Estado. Max Weber, figura clave del pensamiento moderno, advirtió que las religiones no son solo doctrinas, sino elementos constitutivos de las identidades colectivas. Por eso, las distintas formas de interpretar la fe —ya sean más conservadoras o progresistas— forman parte de una misma realidad: el derecho de cada persona a decidir sobre su espiritualidad sin imposiciones externas.
Colombia, como país pluriétnico y multicultural, tiene la responsabilidad de proteger la libertad religiosa en toda su dimensión. La Constitución Política de 1991, en su Artículo 19, reconoce expresamente este derecho, lo que implica acoger la diversidad de creencias y prácticas religiosas. Este principio es clave para el funcionamiento del Estado laico, que debe garantizar que cada ciudadano pueda desarrollar su espiritualidad de manera libre y sin restricciones.
Es importante entender que la religión, como fenómeno social, no es estática. Evoluciona con el tiempo, especialmente en contextos diversos y multiculturales. La pluralidad de voces dentro de una misma tradición religiosa refleja el dinamismo inherente a la espiritualidad y el ejercicio profundo de una libertad esencial: la de pensar, creer y cuestionar. Desde una perspectiva sociológica, reconocer esta diversidad interna es señal de madurez tanto para las religiones como para las democracias. Aprender a convivir con visiones distintas es un desafío, pero también una vía hacia una sociedad más inclusiva, donde nadie sea excluido por sus creencias.
Cuando surgen diferencias dentro de un colectivo religioso —ya sean de carácter político, doctrinal o filosófico—, es fundamental abordarlas con apertura y sin caer en la exclusión. Los ataques a quienes no comparten la visión hegemónica dentro de una comunidad no solo coartan la libertad individual, sino que también obstaculizan el camino hacia una sociedad más equitativa. La verdadera esencia de la libertad religiosa se encuentra en el respeto a la diferencia y en el debate abierto de ideas.
El debate actual sobre las posturas religiosas y políticas de figuras públicas debe ser una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con los valores democráticos. Todos los ciudadanos tienen derecho a expresar su fe y sus convicciones sin miedo a represalias, y el Estado debe velar porque ese derecho se respete de forma plena. Como sociedad plural, Colombia está llamada a promover el respeto mutuo entre credos diversos, asegurando que todas las voces sean escuchadas y valoradas. Solo así será posible construir una nación más justa, donde la libertad religiosa sea entendida no como motivo de división, sino como una herramienta de integración y armonía en un mundo diverso.
Es, en definitiva, un llamado a reconocer que las creencias religiosas —como las opiniones políticas— merecen ser defendidas en su máxima expresión. La libertad de pensamiento y conciencia debe ser una prioridad irrenunciable. En la diversidad religiosa y la pluralidad política reside la verdadera fortaleza de Colombia.
